PREDIF (Plataforma Representativa Estatal de las Personas con Discapacidad Física) denuncia la vulnerable situación económica en la que se encuentran las entidades del tercer sector de acción social. La subida del precio de la energía y del SMI (salario mínimo interprofesional) ha obligado a muchas de estas entidades a tener que consumir recursos propios para poder seguir prestando sus servicios a las personas con discapacidad. Estos recursos en muchos casos son limitados, y en otros ni siquiera existen, por lo que estas organizaciones y los servicios que prestan están en riesgo de desaparecer.
Las Administraciones Públicas (AAPP) no han aumentado la cuantía de los contratos públicos y son las propias entidades sociales las que tienen que asumir esa diferencia de costes. La Administración alude a la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de Desindexación de la Economía Española para no revisar los precios de los contratos públicos. Sin embargo, PREDIF cree que la Ley de Contratos del Sector Público sí posibilita la revisión y modificación de los mismos. Esto permitiría mantener el equilibrio económico del tercer sector.
Al no revisar los contratos públicos, la Administración ahorra costes que recaen directamente sobre las entidades. Es el caso del SMI: al subir este, si las AAPP no incrementan la cuantía de los contratos, son las entidades las que se ven obligadas a hacer frente a esa diferencia en las nóminas de los trabajadores que prestan servicios a personas con discapacidad. Se está poniendo en riesgo la atención que reciben miles de usuarios con discapacidad en residencias, centros de día, de fisioterapia, etcétera.
Por todo ello, PREDIF solicita que las leyes solucionen problemas y no los creen: los precios de los acuerdos y de los contratos para dar servicios a personas con discapacidad deben ser revisados y adecuados. Y, si las leyes no lo permiten, urgimos al Gobierno a una modificación de las mismas.
