Desde IMPULSA IGUALDAD seguiremos de cerca el desarrollo de esta reforma para garantizar que se cumplan los compromisos adquiridos y que se traduzcan en mejoras reales para las personas con discapacidad y sus familias
El Gobierno ha presentado el anteproyecto de ley para la reforma de la Ley de Dependencia y Discapacidad, una iniciativa que busca mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias, eliminando barreras y garantizando derechos esenciales. Esta reforma introduce importantes avances en materia de dependencia, accesibilidad y otros derechos fundamentales.
Dependencia: más derechos y menos trabas administrativas
Uno de los principales avances es el reconocimiento de la teleasistencia como un derecho, asegurando que todas las personas dependientes puedan acceder a este servicio sin restricciones. Además, se amplían las tareas del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), permitiendo que los profesionales puedan acompañar a citas médicas o hacer la compra, y se introduce un modelo conjunto para personas que convivan en el mismo domicilio, optimizando los recursos.
El anteproyecto también propone la simplificación de los trámites administrativos, reduciendo la burocracia y agilizando la concesión de ayudas. Se elimina la incompatibilidad entre distintos servicios, permitiendo a los beneficiarios combinar varias prestaciones según sus necesidades.
En cuanto a la Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar (PCEF), se amplían los beneficiarios, permitiendo que amigos de la persona dependiente puedan ser reconocidos como cuidadores no profesionales. Además, se elimina el periodo de carencia máxima de dos años, facilitando el acceso a la prestación sin restricciones de tiempo.
Otro aspecto clave es que la vivienda habitual de la persona dependiente dejará de computar a la hora de calcular su capacidad económica, lo que evitará que se vea penalizada por poseer un inmueble. Asimismo, no habrá sanciones para quienes rechacen servicios que no se ajusten a sus necesidades, como una plaza de residencia que no les convenza.
La participación de las personas dependientes en la elaboración de su Plan Individual de Atención (PIA) será un derecho garantizado, otorgándoles voz en la toma de decisiones sobre su atención. Además, se pondrá fin a los recortes económicos que han afectado a este sector en los últimos años.
Respecto a la asistencia personal, el anteproyecto contempla que pase de ser una prestación a un servicio, aunque la decisión final recaerá en las comunidades autónomas, lo que podría generar diferencias en su aplicación. También se agilizarán los trámites para personas en especial vulnerabilidad, tramitando sus solicitudes con carácter de urgencia.
Por último, se exigirá el certificado de delitos sexuales a los profesionales que trabajen en centros de mayores, reforzando la seguridad de las personas dependientes.
Accesibilidad: un derecho garantizado
Para asegurar la accesibilidad en viviendas y edificios públicos, se creará un Fondo Estatal de Accesibilidad Universal. Además, se reformará el artículo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal para obligar a realizar obras de accesibilidad en los edificios donde residan personas con discapacidad.
El Estado deberá proporcionar subvenciones y ayudas para la adaptación de viviendas y comunidades de vecinos. También se ampliará el plazo de pago de las cuotas para sufragar las obras, permitiendo a las comunidades de propietarios establecer plazos superiores a los 12 meses.
Otros derechos clave para las personas con discapacidad
El anteproyecto también introduce avances significativos en otros ámbitos fundamentales:
- Registro estatal de tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad, evitando fraudes y facilitando su uso en todo el territorio.
- Refuerzo del derecho a la educación inclusiva, garantizando recursos adecuados en los centros educativos.
- Regulación de los tiempos de espera en la atención sanitaria, con carácter retroactivo para evitar demoras injustificadas.
- Accesibilidad obligatoria en el sistema sanitario, abarcando desde la atención médica hasta las pruebas, intervenciones y documentación consentida.
- Prohibición de la discriminación en seguros de salud y vida, asegurando igualdad de condiciones para las personas con discapacidad.
- Creación de un banco de productos de apoyo, facilitando el acceso a dispositivos esenciales para la autonomía personal.
- Reconocimiento automático del 33 % de discapacidad a quienes tengan dependencia reconocida, agilizando el acceso a beneficios y derechos.
- Regulación de la inteligencia artificial, para evitar sesgos discriminatorios y fomentar su aplicación en innovación social y tecnológica.
- Garantía de los derechos reproductivos de las mujeres con discapacidad, asegurando su acceso a servicios adecuados y sin discriminación.
Una reforma necesaria que aún debe concretarse
El anteproyecto de ley representa un avance significativo en la protección de los derechos de las personas con discapacidad y en la mejora de su calidad de vida. Sin embargo, queda pendiente su aprobación definitiva y la implementación efectiva de las medidas anunciadas. La decisión final sobre la oferta de servicios seguirá dependiendo de las comunidades autónomas, lo que podría generar desigualdades territoriales.
Desde IMPULSA IGUALDAD seguiremos de cerca el desarrollo de esta reforma para garantizar que se cumplan los compromisos adquiridos y que se traduzcan en mejoras reales para las personas con discapacidad y sus familias.
